El 10 de abril del año 2019 fue un año verdaderamente doloroso para la comunidad LGBTQIA+ y por demás vergonzosos para todas y todos aquellos diputados que votaron en contra de la aprobación del matrimonio igualitario, quienes dejaron al descubierto su ignorancia, pero, sobre todo, su homofobia y prejuicio, por encima de su papel de funcionarios y servidores públicos que deberían velar por los derechos de todas, todos y todes los ciudadanos de este estado.
Aquella mañana del 10 de abril fue particularmente histórica pues se discutía, y se esperaba, que se aprobara dicha reforma, lo cual hubiera representado un verdadero hito en la materia de Derechos Humanos para nuestro estado, sin embargo la realidad fue otra: grupos religiosos (seguramente acarreados por algún partido conservador) comenzaron a rezar y a “pedirle a Dios que no se aprobara la reforma” pues ello representaría un acto antinatural para la sociedad yucateca, esto último parafraseando las palabras de una de aquellas mujeres de la asociación religiosa “Legionarias de María”. En algún momento, durante una entrevista, la mujer que dirigía al grupo religioso, se pronunció con las siguientes palabras: (sic) “… y solamente les querré decir que los diputados del PAN son los únicos que nos están apoyando en Yucatán…” La escena del grupo de mujeres rezando en las instalaciones del Congreso del estado fue por demás surrealista y dejo en clara evidencia el verdadero carácter conservador, tradicionalista y fascista de una gran facción de la sociedad meridana y yucateca en general.
Por su parte, en el pleno del Congreso, la diputada panista Rosa Adriana Díaz Lizama, quien lideraba la bancada panista en ese entonces, entonaba una actitud altamente despectiva, burlesca y violenta hacia los colectivos y en general hacia la comunidad LGBTQIA+ al hacer comentarios homofóbicos y publicaciones en sus redes sociales en los cuales ridiculizaba la lucha por la reforma y aprobación del matrimonio igualitario. Por su parte el líder de la bancada del PRI, Felipe Cervera Hernández, asumía una actitud pusilánime y de complicidad al secundar las acciones anti derechos de la bancada del partido Acción Nacional, pues varios de las y los diputados de este partido también votaron en contra de la reforma. Cabe señalar que aquel día, las y los diputados optaron por votar de manera secreta, aunque posteriormente algunos de ellos si mostraron que decisión tomaron al votar. Se menciona que el haber votado de manera secreta representaba un acto de inconstitucionalidad además de cobardía, salve mencionar.
Tuvieron que pasar cuatro años, para que al fin se diera el voto aprobatorio a la reforma para el matrimonio igualitario en nuestro estado. Cuatro años en los cuales muchas parejas tuvieron que desplazarse hacia otros estados de la republica (los que contaban con el recurso económico) para poder casarse, consolidar su amor y adquirir derechos esenciales para la vida cotidiana como personas que viven, trabajan y pagan sus impuestos en esta sociedad. Cuatro años en los cuales se les continúo manteniendo bajo la figura de “ciudadanos de segunda” a gente de la comunidad al desconocerles derechos que les corresponde por el simple hecho de ser humanos, ciudadanos y personas.
Aquel 10 de abril, y en meses posteriores, gran cantidad de activistas, colectivos y asociaciones civiles se pronunciaron en contra de los actos de discriminación del Congreso y del Gobierno del estado, encabezado por el panista Mauricio Vila, mencionando que representaba una alta violación a los derechos humanos de estas personas. Se hablaba de injusticia, de violencia institucional, del atropello que Acción Nacional cometía en contra de la comunidad LGBTQIA+ de Yucatán. Hoy a cinco años, y justo en el proceso de las campañas electorales, muchos de esos activistas, enarbolan la bandera del PAN, defienden las propuestas de las y los candidatos de este partido mencionando “logros” de inclusión y avance en materia de Derechos Humanos, cuando esto es algo totalmente maquetado a modo para los candidatos de este partido.
Es vergonzoso, y hasta insultante, como muchos activistas y colectivos de la comunidad hoy se encuentran comprometidos políticamente en su lucha con tal de mantener su status quo de personajes del activismo, de seguir percibiendo recursos, fondos y en general apoyo de las instituciones estatales aun cuando esto represente una contradicción e incongruencia a lo que ellos manifestaron cinco años atrás. Pareciera que la lucha es a conveniencia y de empatía selectiva de acuerdo a que beneficia o reditúa más para ellos y sus colectivos a fines, dejando de lado a otros grupos y asociaciones, a las periferias y disidencias, invisibilizando a otras voces a otras realidades y a otras necesidades y problemas de la comunidad.
Este periodo electoral es importante y determinante para ir formando conciencia, para la memoria y el empoderamiento de la comunidad LGBTQIA+, para el trabajo critico de ir identificando oportunistas, así como a verdaderos aliados, esto incluso dentro del propio movimiento, de los colectivos y de las ACs. La comunidad y el “voto arcoíris” no puede seguir siendo un botín electoral de cada seis o tres años, se debe exigir permanentemente que se trabaje por nuestros derechos y por representantes que verdaderamente estén comprometidos a trabajar en colectivo y no solamente a conveniencia personal o a conveniencia del partido en turno. La lucha es comunal, es colectiva, no es una lucha de personalidades o de egos, de quien “le ha trabajado más” o se “ha comprometido más” sino de una lucha que busque realmente INCLUIR todas las voces posibles pues, tristemente, hasta en el activismo existe mucho conservadurismo por parte de los “lideres” o “voceros” de la comunidad LGBTQIA+.
