El mes pasado en Jalisco se aprobó una ley que crea el primer Sistema Estatal de Cuidado, siendo la primera entidad federativa de todo el país en adoptar una legislación de este tipo.
El día que se aprobó, un grupo diverso de mujeres se manifestaron en el recinto del Congreso, desplegando una manta que decía “Yo cuido 24/7”. Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, aprovechó la coyuntura para exigir que esta iniciativa se apruebe a nivel nacional.
Habría que decir que la creación de un Sistema de Cuidados no es una petición nueva, pues hace tres años las senadoras Olga Sánchez Cordero, Martha Lucía Micher Camarena y otras senadoras de MORENA y de diferentes grupos parlamentarios presentaron la iniciativa con proyecto de decreto para que se expida la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, que en su momento fue turnada a las comisiones correspondientes pero que se ha quedado suspendida en el Senado.
Entre pláticas con otras compañeras que hemos seguido el tema de género y la cuestión del sistema de cuidados, vemos con muy pocas esperanzas que esta problemática sea retomada antes de terminar la actual legislatura federal, y como se ha venido diciendo con harta insistencia por parte de colectivas y agrupaciones feministas el Sistema Nacional de Cuidados es uno de los grandes pendientes que se tiene con las mujeres, lo que constituye una deuda social que las administraciones federales no han querido asumir.
Son muchos los obstáculos a los que se enfrenta la iniciativa, pero entre los puntos coincidentes destacamos la prevalencia del machismo en la cultura política; la falta de comprensión entre los tomadores de decisiones sobre lo que significa la transversalidad del enfoque de género y el desconocimiento de los mismos que continúan pensando que los problemas de género nos conciernen solamente a las “mujeres”.
Esto ha tenido como correlato que el enfoque de género se aplique casi exclusivamente a los programas sociales destinados para las mujeres, pero que se descuide o no se asigne presupuesto a otras áreas que son prioritarias para alcanzar la igualdad sustantiva. Aquí está el atoro: México es un Estado que ha ratificado su compromiso con los instrumentos internacionales, como Belém Do Pará ha señalado al establecer que:
“El deber de los Estados es adoptar por todos los medios apropiados, políticas orientadas a eliminar cualquier forma de discriminación contra las mujeres”
También el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que queda enunciado en el PROIGUALDAD, señala que:
“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, y eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.”
La eliminación efectiva de los obstáculos y de toda forma de discriminación también obliga a que el Estado asigne recursos para cerrar las brechas de desigualdad de género, pero hasta el 2020 los montos asignados a las erogaciones para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo que en materia de presupuesto le llaman Anexo Transversal, no han logrado superar el 1.69 por cierto. O sea, no estamos hablando de un monto bajo, estamos hablando de un monto ínfimo que no se puede justificar por la complejidad en el manejo de la administración pública. Esto además acarrea un mensaje social: la igualdad de género no constituye un tema prioritario.
Si bien las cuestiones referidas a la igualdad de género y al sistema de cuidados representan cuestiones prioritarias en términos enunciativos y discursivos, a la hora de etiquetar recursos hay asuntos más importantes que atender.
Algunos actores sociales vemos difícil la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, ya que éste exige una restructuración del presupuesto y de la política fiscal para poder financiar todo un engranaje interinstitucional, acciones, políticas, programas y servicios de cuidados ampliados. De hecho, como veremos más adelante, la crisis de los cuidados ha representado una fractura en los modelos socioeconómicos vigentes, que los países tarde o temprano van a tener que enfrentar.
No sabemos si el tema resulta más o menos desalentador, si tomamos en cuenta que la propuesta de ley plantea el modelo de cooperación entre la Federación con las entidades federativas, ya que tenemos la mala experiencia de que el Gobierno de Yucatán no firmó el convenio para la universalidad del programa de Pensión de Bienestar para Personas con Discapacidad Permanente.
Entonces, las posibilidades de que se apruebe o no la creación del Sistema dependen de la voluntad política y de la distribución de recursos públicos con perspectiva de género. Sin embargo, es indispensable continuar insistiendo sobre el tema, ya que representa una sentida demanda social.
Los avances que los gobiernos han tenido en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, pueblos originarios, derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ se han conseguido tanto por la presión de la sociedad civil organizada como por la actuación de los organismos internacionales, pero nunca han sido concesiones gratuitas.
Cuando las legisladoras iniciaron el proyecto, ya le antecedía una serie de eventos importantes derivados de la 60ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
Se celebró una sesión especial para impulsar un pacto a nivel regional en torno a los cuidados, pero principalmente para centrar el tema de la sostenibilidad de la vida. Posteriormente se realizó el Foro Generación de Igualdad en la Ciudad de México en marzo del 2021, impulsando la creación de la Alianza Global por los Cuidados. Todo esto en el contexto de la llamada “crisis de los cuidados” y de la crisis sanitaria del COVID 19.
Continuará…
